Esta situación puede generar problemas en la justicia, ya que puede permitir que personas acusadas de delitos graves se refugien en estos países, evitando así su responsabilidad ante la justicia española.
Es importante destacar que la falta de tratados de extradición no significa que España no pueda investigar o juzgar a personas acusadas de delitos graves que se encuentren en estos países.
Estos países tienen diferentes motivos para no tener tratados de extradición con España, pero esto no significa que las personas acusadas o condenadas por delitos en España no puedan ser juzgadas en otros países.
Cuando se trata de la distribución de bienes tras el fallecimiento de una persona, los términos «legado» y «herencia» son fundamentales en el ámbito del
Estamos hablando de Rusia y Bielorrusia, dos países que están muy vinculados entre sí pero que tienen distintas razones para no darse por descontadas bajo la orden de la justicia española.
Además, algunos de estos países tienen sistemas judiciales muy diferentes al español y pueden imponer penas mucho más severas.
El continente africano es uno de los que más países aporta a la lista de países sin tratado de extradición con España, en los que destacan las excepciones de Marruecos, Argelia, Sudáfrica, Cabo Verde, Mauritania y Liberia, este último vigente desde hace más de a hundred twenty five años.
Por el momento, la supuesta orden de detención por parte de la Justicia hacia Rubiales no se ha podido producir, debido a que no se encuentra en España, sino que lleva desde febrero en la República Dominicana, país del que se sospecha con frecuencia respecto a que personas de alto nivel económico en España podrían estar sacando dinero hacia este país.
Conforme al principio de doble incriminación, los hechos por los que se reclame la extradición deben ser constitutivos check here de delito tanto en la legislación penal del Estado requirente como de acuerdo a las normas penales españolas.
En el caso de Rusia, su Gobierno no llegó a ratificar el convenio europeo de 1957, firmado en plena Guerra Fría, tras la caída de la Unión Soviética.
Una vez recibida la solicitud, un juez español evalúa si se cumplen los requisitos para proceder con la extradición. Se consideran factores como la gravedad del delito, el respeto a los derechos humanos, la doble incriminación (es decir, que el delito esté tipificado en ambas legislaciones) y la posible existencia de motivos políticos.
Sin embargo, algunas de las excolonias británicas, holandesas y francesas en el Caribe aún funcionan como refugios seguros para aquellos que buscan evadir las órdenes de búsqueda y captura emitidas por España.
En el otro extremo, encontramos que 121 países no tienen en la actualidad tratados de extradición con España, por lo que no se puede garantizar la entrega de los prófugos a menos que se llegue a un acuerdo entre sus respectivos gobiernos.
Dentro de la Unión Europea, se ha establecido un procedimiento de cooperación entre autoridades judiciales que reemplaza el complejo y lento proceso de extradición. Este método es conocido como la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) y agiliza notablemente el proceso.